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El delegado del gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, han cruzado acusaciones a costa de la trama de empadronamientos irregulares detectada por la Policía Municipal de la capital ribera. Arasti ha acusado a Toquero de poner en riesgo la operación policial dirigida desde Policía Nacional al respecto mientras que Toquero ha acusado a la delegación de no tener informado sobre ella al jefe de la policía municipal en Tudela.
Arasti ha acusado al Ayuntamiento de Tudela de cometer una irresponsabilidad al informar sobre unas investigaciones sin concluir y poner en preaviso a las personas que estaban actuando de un modo ilicito. A ello ha sumado otras acusaciones al alcalde tudelano al considerar que en su rueda de prensa del pasado 19 de noviembre ofreció datos con falta de rigor asegurando que no le cabe ninguda duda de que las intenciones de Toquero han sido «oportunismo político con el único fin de sacar rédito a una cuestión que debería estar fuera de todo debate político, en la que debería primar el trabajo policial y la coordinación entre los cuerpos».
Tras conocer las declaraciones de Arasti, el ayuntamiento de Tudela ha emitido un comunicado en el que el jefe de la policía local, Juan Cruz Ruiz, explica que «se informó al Jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Tudela sobre las actuaciones que se estaban llevando a cabo y que se pretendían continuar realizando en relación a los citados pisos, con el objetivo de solicitar la baja de oficio de todas aquellas personas que se comprobase que no residían en los lugares de empadronamiento y que en ningún momento fue informado de que se estuviese realizando ninguna operación relacionada con este tema».
Para el jefe de la Policía Local de Tudela, “en el caso de que estuviesen llevando a cabo alguna operación en Tudela, si entendían que había peligro de entorpecerla, hubiese sido tan sencillo como comunicarla, por el mismo cauce por el cual solicitan colaboración para sus investigaciones, cada vez que lo entienden necesario”.
Toquero también ha respondido a las acusaciones de oportunismo de Arasti. «Siento que el delegado del gobierno quiera atacarnos así. Eso ya si que considero puede ser oportunismo político. Si lo hubiéramos querido aprovechar hubiéramos lanzado la noticia días antes de las elecciones y no fue así» y ha añadido que “no hubiera estado de más que el delegado del Gobierno hubiera llamado al alcalde de Tudela para interesarse por el asunto una vez salió el tema a la opinión pública y no esperar 9 días para ver cómo defenderse. Oportunismo político ninguno. Mi obligación como alcalde es gestionar correctamente los recursos públicos de la ciudad que no son ilimitados y si se está cometiendo una irregularidad ponerle fin».
La operación policial
Arasti ha dado a conocer los detalles de la operación policía en la cual se encontraría inmersa la trama destapada por el ayuntamiento de Tudela. El delegado del gobierno ha explicado que con la información solicitada al Padrón del Ayuntamiento de Tudela se detectó que una persona había empadronado en su domicilio a 162 personas de varias nacionalidades, la mayoría del norte de África, desde julio de 2017, de las que 58 seguían empadronadas en ese momento, aunque la mayoría no fueron localizadas.
Los agentes tomaron declaración a varias que confirmaron que habían pagado entre 150 y 300 euros a un sujeto que les acompañaba a las oficinas municipales, aportaba la documentación y realizaba las gestiones para hacer efectivos el empadronamiento, ha indicado.
Eso llevó a la detención de esa persona en septiembre acusada de favorecer la inmigración ilegal al permitir la regularización de, al menos, dos personas que estaban en situación irregular y que mediante un certificado obtenido a través de un pago había accedido a un permiso legal de residencia. Esa persona fue puesta a disposición judicial pero, ha explicado, la vía penal se ha sobreseído y ahora se abrirá la administrativa.
En la actualidad hay 29 expedientes más abiertos a personas empadronadas de manera irregular, según Arasti, quien ha apuntado que la investigación se extiende a unas cinco o seis localidades, casi todas de la Ribera, si bien no se descarta que puede haber situaciones similares en otras zonas.
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