El pasado 1 de enero se cumplieron dos años de la entrada en vigor, en términos generales, del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
Una reforma laboral que está consiguiendo corregir de forma decidida la temporalidad excesiva, evitando esa rutina tan perniciosa que provocaba que en cada crisis, coyuntural o estructural, se destruyera sistemáticamente el empleo. Está construyendo, además, una oportunidad para revertir aquellos instrumentos que dificultaban que la negociación colectiva contribuyera a la mejora de las condiciones de trabajo. Se trata, en definitiva, de un marco normativo novedoso, que ha supuesto un claro cambio de paradigma y sobre el que se está sustentando un modelo de relaciones laborales más justo y eficaz.
Es una reforma laboral que camina en la recuperación de los derechos laborales y su garantía, junto con el impulso de las medidas de flexibilidad interna como alternativa a las extinciones, son sus principales aportaciones que buscan transformar nuestro mercado de trabajo para que pueda dejar definitivamente atrás sus anomalías, asegurando la calidad del empleo y el dinamismo de nuestro tejido productivo.
Además, hay en esta reforma una característica que permite concebir una mayor esperanza en su estabilidad y en la consecución de los efectos pretendidos: Los cambios están avalados por el diálogo social. Las organizaciones sindicales y patronales CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, tras un largo proceso negociador, acordaron los términos de la misma junto con el Gobierno de España, dando así lugar a la primera reforma laboral de gran calado de la democracia que contó con el respaldo del diálogo social tripartito.
Son todos ellos, elementos decisivos, que han dado lugar a una gran transformación del mercado de trabajo español respondiendo a la vez a las exigencias comprometidas con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Completar de una vez por todas la transición de nuestras relaciones laborales hacia un modelo más justo y garantista está siendo el gran objetivo de esta reforma. Un cambio de paradigma que está ayudando a desterrar el desasosiego que la precariedad ha provocado en varias generaciones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Tras cumplirse ahora dos años de vigencia de la misma vemos, tanto en los datos de 2022 como también del pasado año 2023, que se ha consolidado la contratación indefinida, ya que se han firmado en 2023 en toda España más de 6,62 millones de nuevos contratos estables en el marco de la reforma laboral. Y se han beneficiado, especialmente, los y las jóvenes: un 42,6% de los contratos que firman son indefinidos, un porcentaje que multiplica por seis la media de 2006 a 2021. En Navarra, las cifras también son elocuentes con casi 66.500 contratos indefinidos firmados en 2023, un 168% más que en 2021, año anterior a la implantación de la reforma laboral. Y de los cuales el 40% se han registrado para menores de 30 años y el 45,4% para mujeres.
Además, los sectores en los que más favorecida se ha visto la estabilidad en estos dos años de reforma laboral han sido la Agricultura y la Construcción. En el años 2023, el 72% de los contratos registrados en la Construcción han sido indefinidos y el 52% en el caso de la Agricultura.
Finalmente señalar que, en 2023, se han firmado el menor número de contratos temporales de la serie: 8,82 millones, que suponen un 22% menos que en el año 2022 y en torno al 50% de los que se firmaban anualmente en el periodo 2015-2019, previos a la reforma.
Todo ello se completa con los datos de la tasa de cobertura por un convenio colectivo de trabajadores y trabajadoras en España, que alcanza la cifra record de más de 14 millones de relaciones laborales cubiertas, el 92% del total. Eso significa, que, a través del diálogo social, más protección y unas relaciones laborales más maduras, en beneficio de las plantillas y de la productividad de nuestras empresas.
Sin duda es una dinámica de trabajo y políticas en las que profundizará el Gobierno de España en la presente legislatura. Una legislatura que servirá para consolidar los avances y para seguir profundizando en los mismos, ensanchando el espacio de derechos y libertades de la ciudadanía española.
Estamos seguros que la mayoría social acompaña estas iniciativas, que benefician especialmente a las clases medias y trabajadoras y más en concreto a colectivos como mujeres y jóvenes.
En este tránsito por la política útil y constructiva, aunque sería lo deseable, no podemos contar con una derecha en sus múltiples versiones enrocada en la posición del “cuanto peor mejor”, perjudicando con ello no tanto al Gobierno de España sino al conjunto de la ciudadanía a quien se debe y representa.
Los y las socialistas renovamos nuestro compromiso por el progreso económico y social. En forma, en este caso, de empleo estable y con derechos. Ese es el camino en el que nos seguimos comprometiendo en los próximos años. Tendiendo la mano al diálogo y el acuerdo con agentes políticos, económicos y sociales. Sin descanso, con fuerza, ideas e ilusión por una España cada vez mejor.
Javier Remirez Apesteguia
Portavoz de Trabajo del Grupo Socialista – PSOE en el Senado
