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Los letrados de la administración de justicia de Tudela se han sumado esta jornada a la movilización convocada en todo el país para reclamar al Ministerio de Justicia una adecuación salarial en la que se vean reflejadas sus actuales atribuciones y reclamar la modernización de la administración de justicia española.
Raúl Asensio, letrado de la administración de justicia del Juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Tudela, ha recordado que el Ministerio de Justicia tiene pendiente desde 2010 la adecuación salarial derivada de la reforma de las leyes procesales que implicó que los Secretarios Judiciales, denominados Letrados de la Administración de Justicia desde 2015, asumieran la descarga de aquellas tareas no vinculadas estrictamente a la función jurisdiccional. Esto ha recordado Asensio, «supuso un notable aumento de funciones, sin la correspondiente adecuación salarial que llevamos esperando más de 8 años. Nuestra contribución y esfuerzo no puede tener valor cero, y la adecuación debe aspirar a suprimir o reducir la discriminación salarial respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación A1».
El letrado del juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Tudela ha recordado que la ley los define como directores técnicos procesales de la nueva oficina judicial y pieza clave de la modernización de la administración de justicia. Este punto que ha llevado a todas las asociaciones profesionales letrados de la administración de justicia, Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, a secundar un segundo punto de reivindicación «por el que reclamamos también la urgente modernización de la Administración de Justicia para conseguir dar una respuesta eficaz y adecuada a los tiempos actuales, que en España se disponga de un Registro Civil público, moderno y gratuito a nuestro cargo; que se compatibilicen los diferentes sistemas de gestión procesal existentes en el territorio nacional; y que se insista en la implantación y desarrollo del expediente digital electrónico».
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