Había una vez un anuncio: “Lavanda inglesa de gal”. De la misma época data también la banda terrorista del GAL. A diferencia de la primera, esta última, dotada de una fragancia pestilente surgida de las cloacas del Estado y financiada con fondos reservados que lo mismo servían para pagar a los “killers” que para dar rienda suelta a las millonarias apuestas al black jack en el Casino Kursaal de San Sebastián de los policías encargados de reclutarlos.
Las implicaciones políticas del GAL quedaron demostradas en las sentencias que condenaron a un ministro, un secretario de Estado, un director general de Seguridad del Estado, un gobernador civil, un secretario general del PSE de Bizkaia, así como a varios policías. El tema ha resurgido ahora, con la publicación de un informe de la CIA, fechado en 1984 y desclasificado hace nueve años y, por tanto, público simplemente con acceder a la web de la Agencia norteamericana. En el informe, se señala al propio Felipe González como el responsable de la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas. No es la única fuente que le señala. Lo hicieron después de aquel juicio el propio inspector de policía Amedo y quien fuera secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea.
Los GAL no fueron “un grupo terrorista criminal que mató a otro grupo terrorista criminal” como manifestó en 2019 Alfonso Guerra -con el característico cinismo al que nos tiene acostumbrados quien en aquella época era vicepresidente con González- en una entrevista que le hizo Jordi Évole.
«No estamos ante un tema judicial y penal, sino ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de nuestro sistema. Parece imprescindible que el Gobierno dé explicaciones al Congreso sin que sea obligado por la oposición». No son palabras recientes, ni dichas por quienes hemos reclamado en el Senado una comisión de investigación que depure, de una vez por todas, las responsabilidades políticas de la guerra sucia. Lo dijo Rodrigo Rato, portavoz en el congreso del PP, en 1994, nada más conocerse la detención de Julián Sancristóbal, director general de la Seguridad del Estado.
La propia creación de los GAL fue un reconocimiento de la incapacidad de Felipe González para lograr que su compañero de filas, el presidente francés Mitterrand, pusiera fin al santuario en que se había convertido Iparralde. Su ineptitud le llevó a buscar un atajo, un atajo sangriento que puso en cuestión la calidad democrática del Estado español y dio aliento a quienes trataban de subvertir la legitimidad democrática para luego imponer a la ciudadanía vasca un régimen totalitario.
Han pasado muchos años, pero hay todavía lagunas importantes en el conocimiento de aquella trama que terminó con la vida de 27 personas. Al menos, una decena fueron “daños colaterales”. La X, con la que se hace siempre referencia al máximo responsable de la creación de este grupo parapolicial terrorista, no se ha despejado nunca. Y seguimos estando veinticinco años después “ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de nuestro sistema”, tal y como exponía Rodrigo Rato.
¿Qué ha ocurrido para que hoy día haya partidos que se niegan a esclarecer el episodio más turbio de la democracia española? El PSOE, el PP y Vox han unido sus votos para rechazar una Comisión de Investigación relativa a esclarecer los vínculos y responsabilidades de los Gobiernos de España presididos por Felipe González con el GAL. Hasta Unidas Podemos se mostró contraria en un principio, aunque luego se vio obligada a recular.
Tal y como señalamos en la propuesta de creación de la comisión 37 senadores/as, la memoria histórica y democrática debe basarse en el objetivo de buscar la justicia restaurativa, Justicia, con mayúsculas. Por ello, tras tantos años de inacción, es hora de actuar con transparencia y arrojar luz sobre estas actuaciones, investigando y asumiendo tanto las posibles consecuencias políticas como jurídicas. Son muchos los aspectos a esclarecer que aun hoy siguen sin ser investigados.
Las personas víctimas de las acciones de los GAL merecen la aclaración completa de esta trama. Llevan mucho, demasiado tiempo, esperando a que se les ofrezca verdad, justicia y reparación a todas ellas, porque es su anhelo y su derecho y en una democracia no puede haber espacios para la impunidad ni de reyes, ni de presidentes de gobierno.
Porque la banda de los GAL, a diferencia de la otra, la lavanda, no es inglesa, es española. Por eso es necesario que la representación legítima de la ciudadanía del Estado, su Congreso y su Senado, puedan investigar y así depurar responsabilidades que los tribunales no llegaron a dilucidar, seguramente por el empeño de los aparatos del Estado español en evitar que se llegara hasta arriba del todo, hasta quien era el máximo responsable, el señor X.
Koldo Martínez Urionabarrenetxea,Senador en las Cortes Generales por designación del Parlamento de Navarra
