La ley Foral de Residuos y su Fiscalidad fue aprobada el 7 de junio de 2018 por el Parlamento de Navarra de forma exitosa, y así finalizaba un largo proceso que se inició con el Plan de Residuos 2017-2027, aprobado en diciembre de 2016.
La ley fue calificada de pionera en el contexto estatal, y articula medidas concretas para hacer efectiva la prevención de la generación de residuos, tal y como establece la normativa europea. Apuesta por la recogida selectiva del 100% de la materia orgánica y prevé una fiscalidad amplia, y, además, contempla la figura de un Ente público que sustituirá al actual Consorcio, para una gestión más coordinada, eficiente y cohesionada de la gestión de residuos en Navarra.
En cuanto a la creación del nuevo Ente Público de gestión, la nueva Ley dice que estará integrado por las entidades locales y la Administración de la Comunidad Foral y adoptará “la forma jurídica más adecuada para cumplir su función”, garantizando que en el órgano de decisión tendrán presencia mayoritaria las entidades locales competentes». La forma jurídica se definirá en los próximos meses, y con su puesta en marcha quedará disuelto el actual Consorcio, que en su forma jurídica actual no tiene encaje en la normativa vigente.
En lo referente a la fiscalidad, la Ley establece el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, con el fin de fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado, y desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración.
Este impuesto se integrará en una partida presupuestaria específica, denominada “Fondo de residuos”, que se destinará exclusivamente a los fines previstos en la Ley: acciones de sensibilización y de investigación en prevención; mejora de los sistemas de recogida selectiva y transporte; recuperación de zonas degradadas y suelos contaminados; y acciones de preparación para la reutilización, entre otros.
Pero, ¿qué ha pasado después de más de cuatro años de su aprobación?
El pasado 24 de septiembre se hacía público un informe de la Cámara de Comptos sobre la gestión de residuos domésticos y comerciales en la Comunidad foral, en el que se analiza dicha gestión y propone medidas que, a través de una mejor coordinación entre las administraciones competentes en la materia, permitan mejorar la eficacia y eficiencia en la materia.
El informe, tras un análisis de las tasas que cobran las mancomunidades por el servicio, señala, que no se establecen en función de los residuos que genera cada familia. Esto no incentiva su reducción ni es coherente con el principio clave en la materia: “quien contamina paga”.
También el informe de Comptos decía que el Plan de Residuos de Navarra había previsto una reducción para 2020 que no se ha cumplido e incluso ha aumentado ligeramente. Los 442 kilos por habitante recogidos en 2010 bajaron hasta 410 en 2014. Sin embargo, a partir de entonces esa cifra se ha incrementado hasta los 427 en 2020 y 429 el año pasado.
Por otra parte, según Comptos, existe un fondo de residuos que gestiona el Gobierno de Navarra. Proviene del impuesto de residuos y de las sanciones por infracciones en ese ámbito y está previsto destinarlo a actuaciones de medio ambiente en la materia. En los últimos cuatro años dicho fondo suma 14 millones de euros de los que solo se han invertido dos y medio.
Visto el informe de Comptos, en mi opinión, no se está cumpliendo en aspectos fundamentales la Ley foral de Residuos, e incluso, algunos más que no se señalan, como es la implementación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que avala la ley foral de residuos y que responsabiliza al consumidor en la recuperación de botellas de plástico o latas, y por el que el cliente paga un dinero por el envase que recupera con la devolución, en el que poco se ha avanzado en nuestra comunidad.
Me parece muy importante, subrayar algunas cuestiones, dejando de lado otras para otra ocasión, como la aplicación del principio “quien contamina, paga”, ya que su no cumplimento como señala el informe de Comptos, implica tener un sistema absolutamente injusto, en el cual una persona o familia que no hace ninguna separación selectiva de residuos y por tanto no recicla nada, paga igual que otra que se afana por hacerlo. Nadie concebiría pagar el agua, la electricidad o el pan mediante una tarifa plana; en cambio eso es lo que hacemos con los residuos. Individualizar el pago permitiría establecer incentivos a la recogida selectiva y a la prevención.
Así mismo, es absolutamente lamentable y refleja una gestión ineficaz, haber invertido solo 2 y medio millones de euros en los últimos cuatro años de los 14 millones de euros aportados al Fondo, cuando es muchísimo lo que hay que hacer para el cumplimiento previsto por ese fondo, como son las acciones de sensibilización y de investigación en prevención; la mejora de los sistemas de recogida selectiva y transporte; la recuperación de zonas degradadas y suelos contaminados; y acciones de preparación para la reutilización, entre otros.
El no cumplimento de la reducción de residuos en 2020, tal como se dice en el informe de Comptos, me lleva a afirmar una vez más que, la prevención, es decir la reducción de residuos en origen, es la hermana pobre en la gestión de los residuos. Precisamente la jerarquía comunitaria en materia de gestión de residuos establece que la prevención y reducción en la generación de residuos es la apuesta de la política de residuos que más beneficios ambientales proporciona, y por ello ocupa la primera posición en la gestión de residuos europea y es clave tanto en la Hoja de ruta para avanzar hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos, como en la Directiva Marco de Residuos, seguida de la reutilización, el reciclaje, y solo cuando no haya más remedio, la valorización energética, es decir, “incineración” (energía directa) y “metanización” (producción de metano, energía indirecta), y vertido, que es la opción más contaminante.
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
