La economía sumergida consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación fiscal y social del Estado. De hecho, es un tipo de fraude absolutamente transversal que practican desde los millonarios que desvían su dinero a paraísos fiscales hasta los que trabajan en negro o que manipulan facturas para no declarar todo lo que ingresan. Así, los Técnicos de Hacienda estiman que la economía sumergida representaría el 25 % del PIB nacional que se traduciría en unos 90.000 millones de € sin recaudar y extrapolado a Navarra, supondría unos 650 millones de € menos para las arcas forales.
Según un informe del Instituto de Estudios económico (IEE), Navarra con una tasa del 18% (junto con Madrid y País Vasco), seria un islote en el océano de la economía informal estatal ( tasa del 25% debido a la pandemia sanitaria). Sin embargo, tratar de regularizar la economía sumergida conllevará una drástica reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía, con la consiguiente constricción de las actividades económicas marginales y riesgo de solvencia del mismo Estado. De ello sería paradigma el régimen especial del hogar, personas trabajaban por horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social pero que estarían ya pasando a formar parte de la economía sumergida al no haberse regularizado su situación por parte de sus empleadores. Así, según denuncia el sindicato CCOO, en Diciembre del 2020 habría en Navarra 7.012 trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social así como un 35 % más en la economía informal, un 40 % de las cuales serían inmigrantes condenadas a la discontinuidad y con serios problemas para el acceso a la pensión de jubilación.
