En un país donde la igualdad de derechos debería ser la norma, la reciente situación de los interinos en Navarra destaca como un claro ejemplo de discriminación territorial en el ámbito laboral público. La Sentencia núm. 49/2024 del Tribunal Supremo, que determina que el orden social no es competente para conocer de la impugnación de la extinción de un contrato administrativo en Navarra, pone en evidencia una disparidad preocupante respecto a otras comunidades autónomas.
Mientras que en las demás regiones españolas los interinos pueden llevar sus reclamaciones de cese y abuso de temporalidad ante los juzgados de lo social, en Navarra esta posibilidad es negada debido a su régimen foral especial. Esta situación crea una brecha legal que afecta directamente a los derechos de los trabajadores interinos navarros, quienes se encuentran en una posición de desventaja significativa comparada con sus homólogos en otras partes del país.
La diferencia en la competencia jurisdiccional no es solo una cuestión técnica; tiene repercusiones reales y tangibles en la seguridad laboral de los interinos. La imposibilidad de acceder a una jurisdicción especializada en derecho laboral limita sus opciones de recurrir, defender sus derechos y obtener una compensación justa por los abusos sufridos. Esta desigualdad no solo afecta a los individuos, sino también a la percepción de justicia e igualdad en el sistema judicial español.
La Directiva 1999/70/CE del Consejo de la Unión Europea busca precisamente evitar este tipo de disparidades, asegurando un tratamiento equitativo para todos los trabajadores independientemente de su ubicación. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) refuerza esta visión, subrayando la importancia de prevenir el abuso de los contratos temporales y garantizar una igualdad de trato. Es imperativo que España, como miembro de la UE, armonice su legislación para cumplir con estos principios europeos.
Las autoridades competentes deben tomar medidas urgentes para corregir esta situación. La armonización de las competencias jurisdiccionales es un primer paso crucial para garantizar que todos los interinos, sin importar su comunidad autónoma, tengan acceso a una justicia igualitaria y efectiva. Los sindicatos, abogados y defensores de los derechos laborales deben alzar su voz y trabajar juntos para impulsar cambios legislativos que eliminen esta discriminación territorial.
En resumen, la situación de los interinos en Navarra no solo es un problema local, sino una cuestión de justicia social que necesita ser abordada a nivel nacional. Solo así podremos asegurar que los principios de igualdad y equidad laboral sean una realidad para todos los trabajadores públicos en España.
Pedro J. Soto Santos, Lcdo. En Derecho. Funcionario Admón. Justicia Jubilado
