El ayuntamiento de Corella ha recibido el respaldo de la justicia en el conflicto judicial que mantiene con los delegados sindicales de la Policía Local.
En esta ocasión el Juzgado Contencioso-Administrativo N.º 3 de Pamplona ha desestimado la demanda que había planteado la representación sindical en la que acusaba al consistorio corellano de vulneración de sus derechos sindicales, en tres apartados: el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la garantía de indemnidad, derecho que asiste a los trabajadores a no ser damnificados por represalias de los empresarios cuando existe una reclamación. Por este motivo solicitaban una indemnización al alcalde de Corella de 100.006€.
Este nuevo choque entre los agentes y el ayuntamiento tuvo su origen en una resolución de alcaldía por la que se abrió expediente a dos policías agentes por graves acusaciones, un decisión que los delegados sindicales entendía que vulneraba sus derechos sindicales y les causaba graves daños morales.
Ahora el juzgado ha desestimado la reclamación al considerar que no se vulnera ningún derecho sindical y, además, impone el pago de las costas a los agentes que tendrán que desembolsar más de 10.000€.
En este apartado la justicia también ha dado la razón al ayuntamiento de Corella, tal y como solicitaban los servicios jurídicos municipales, que reclamaban que las costas debían estar en función a la reclamación que los delegados sindicales habían realizado, 100.006€, frente a la petición de los delegados sindicales solo reconocían el coste de los servicios jurídicos. La sentencia ha dado la razón a la postura que mantenían los servicios jurídicos municipales y condena a abonar algo más de 10.000€ en concepto de costas y tasación.
Para Alternativa Corellana Independiente, grupo municipal del alcalde, Gorka García, esta sentencia «supone un nuevo varapalo judicial y económico a los delegados sindicales de la Policía Local de Corella» y han lamentado que «los reiterados escritos y demandas constante de un grupo de agentes del cuerpo de policía, a los que hay que contestar y recurrir en tiempo y forma, llevan a la saturación de los recursos humanos municipales, además de gastos importantes en recursos económicos, para que después, de manera generalizada, los tribunales les tengan que decir que no tienen razón».
