El Gobierno Central y las Comunidades Autónomas siguen incumpliendo la obligación de actuar sobre tráfico e industria para mejorar el aire que respiran dos de cada cinco españoles.
En la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado este año a la contaminación atmosférica, y coincidiendo con el episodio de contaminación que desde el pasado viernes 31 de mayo está disparando los niveles de ozono troposférico en buena parte de España, Ecologistas en Acción denuncia que entre 2016 y 2018 se han incumplido los objetivos legales de protección de la salud y/o la vegetación establecidos para el ozono en la mitad de las 126 zonas en que se divide a efectos de este contaminante el territorio español.
Las zonas donde se incumplen los límites están repartidas entre las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra, con casi 19 millones de habitantes, dos de cada cinco personas que viven en el Estado.
Entre ellas, la contaminación se ha extendido por la totalidad de la Comunidad de Madrid, la más afectada como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid, que además de perjudicar la salud de seis millones y medio de madrileños, afecta de manera grave a ambos lados de la Cordillera Central a cuarto de millón de habitantes de Castilla y León y a los tres millones de habitantes de Castilla La Mancha y Extremadura, comunidades junto a Madrid afectadas en la totalidad de su territorio.
Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Algeciras, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y las Illes Balears, donde esta contaminación, ocasionada por el alto grado de urbanización de la costa y el elevado tránsito marítimo y aeroportuario, afecta a más de tres millones de personas, especialmente en las áreas de interior.
Las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se reparten entre el Valle del Guadalquivir andaluz (incluyendo las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), la aglomeración de Granada y el Valle del Ebro, de Tarragona y Aragón a la Ribera navarra, donde viven otros cinco millones de personas.
Se define el valor objetivo como el “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza”. El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un periodo de tres años.
Existe asimismo un valor objetivo para la protección de la vegetación, que se evalúa en periodos de cinco años, y que entre 2014 y 2018 se habría incumplido en 330.000 kilómetros cuadrados, dos tercios del territorio español, que de esta forma se sigue situando junto a Italia a la cabeza de los países europeos por los daños ocasionados por el ozono a los cultivos agrícolas y a los ecosistemas naturales. Este valor objetivo para la protección de la vegetación se vuelve a superar en Navarra sin que se estén tomando las medidas oportunas.
La ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central, que por otro lado tampoco ha elaborado el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace ya casi cuatro años, motivo por el cual está vista para sentencia una demanda de Ecologistas en Acción en la Audiencia Nacional.
Por primera vez en España, en octubre del año pasado un tribunal regional español declaró la obligación de una administración autonómica como la Junta de Castilla y León de elaborar y aprobar “a la mayor brevedad” los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire en las zonas donde se han superado los objetivos legales para la protección de la salud y/o de la vegetación. No obstante, esta comunidad autónoma no ha elaborado todavía dichos planes, y solo la Junta de Extremadura ha aprobado en los últimos meses un Plan de Mejora de la Calidad del Aire para combatir el ozono, mientras el Gobierno de Murcia acaba de presentar un borrador de plan, en ambos casos con serias deficiencias en las medidas de actuación previstas.
Por ello, Ecologistas en Acción ha vuelto a registrar formalmente peticiones para que las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Región de Murcia y Navarra pongan en marcha sin más dilación los planes de reducción de ozono, con la finalidad de evitar que esta lamentable situación se siga repitiendo cada primavera y verano.
Planes que deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte más sostenibles como la marcha a pie, la bicicleta y un transporte público y colectivo alimentado preferiblemente con energía limpia procedente de fuentes renovables. Por otro lado, debe adelantarse el cierre de las centrales térmicas, sustituidas por energías renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre Comunidades Autónomas, con el Gobierno Central y con la Unión Europea.
El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte.
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de España. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.
