En un momento en el que se están elaborando los nuevos presupuestos del Gobierno de Navarra, comprobando que un año más la partida para justicia gratuita es absolutamente escasa, 3,6 millones, y con las reivindicaciones salariales de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y resto de funcionarios en la calle, parece oportuno poner sobre la mesa la realidad de los abogados de oficio.
La Administración tiene el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia o, lo que es lo mismo, a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es. Un derecho que se hace efectivo para quienes tienen menos recursos gracias al trabajo de los abogados de oficio. La ley estatal regula la asistencia jurídica gratuita como un servicio público fijando los criterios básicos para su financiación, cuyo coste deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo caso deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado. En resumen, el Estado decide quien tiene acceso al beneficio de justicia gratuita, y Navarra decide cuanto dinero dedica a este servicio.
Actualmente ni se garantiza el acceso a la justicia a todo el mundo ni la financiación de ese este servicio público es digna y suficiente. Básicamente, para acceder al beneficio de justicia gratuita, los ingresos brutos, que no netos, máximos que una persona o unidad familiar no debe superar van desde 15.053, €, para una persona sola, hasta 22.558,59, para una unidad familiar de 4 o más miembros. Estos criterios dejan a muchas personas sin acceso a la justicia. Si alguien quiere reclamar 20.000 € sabe que corre el riego de tener que pagar 6.000 € si pierde y es condenado en costas. Razón por la cual muchas reclamaciones se quedan sin hacer. Ampliar estos baremos es una tarea pendiente para el legislador de la que siempre se habla pero nunca se concreta. Los mas ricos o los más pobres tienen el acceso garantizado a los juzgados, mientras el resto de ciudadanos debe
renunciar a sus derechos o valorar si le compensa correr el riesgo. La justicia es muy cara. Si hacemos una comparación con sanidad o educación, la situación en justicia es que tenemos los medios, juzgados y jueces, pero para utilizarlos tenemos que pagar. Algo que no ocurre con la sanidad o la educación. No serían servicios públicos si tuviésemos que pagar por utilizar un quirófano, por recibir un tratamiento contra el cáncer o, simplemente, por acceder a la educación obligatoria. Es evidente que una reforma del acceso a la justicia es urgente. Una reforma que indudablemente es estatal.
Sin embargo, en cuanto a la financiación, Navarra tiene competencias para decidir cuanto invierte en justicia. En el borrador de los presupuestos, no se ha incrementado el gasto total en justicia con respecto a este año 2018. La previsión de gasto por habitante en justicia es de 46,28 €, mientras que en los otros tres servicios públicos fundamentales el gasto es considerablemente superior, 1.672,76€ en sanidad, 1.062,86 € en educación y 536,94 € en servicios sociales. Con estas cifras va a ser difícil menorar mejorar la función judicial. Pero si vamos a la partida de justicia gratuita, o lo que es lo mismo a la partida para procuradores y abogados del turno de oficio, la cifra de 3,6 millones de euros es manifiestamente insuficiente. Más todavía si la comparamos con partidas como convivencia y memoria para la cual no han tenido problemas en encontrar 25 millones de euros. A día de hoy un abogado de oficio en Navarra tiene que pagar de su bolsillo los desplazamientos a Pamplona para celebrar juicios, el parking, las horas de espera -curioso que un traductor cobre por las horas que está esperando para hacer su trabajo y un abogado no-, el coche y la gasolina en los desplazamientos de las semanas de guardia, etc. En 2017, por una media de 30, 35 casos un abogado de oficio no llegó a percibir ni 10.000 € en bruto. Si a esa cifra le quitamos todos los gastos, la seguridad social, etc, la cantidad resultante es ridícula. Si con esa retribución el Gobierno de Navarra no podría tener un medico, una enfermera, un profesor para prestar los servicios públicos correspondientes ¿cómo puede disponer de un abogado con esas remuneraciones para garantizar el acceso a la justicia? Muy sencillo porque el coste del servicio lo soporta el abogado de oficio. En 2018 el Gobierno de Navarra actualizó las tarifas una media del 11,50 % ya que habían sido reducidas en 2012. De esa actualización parte es el IPC y prácticamente volver a las cifras anteriores a los recortes. En el resto de España se actualizaron una media del 35 %. No creo que vayamos por buen camino.
Si no se invierte en justicia, los derechos que nos reconocen las leyes se quedan en papel mojado, y sin los abogados de oficio quienes no pueden permitirse un abogado privado ven limitada su defensa. Si a todo esto le añadimos las falta de independencia y de medios, ¿a qué están esperando los políticos para poner soluciones?
Ana García Gómez es Abogada de oficio
