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Izquierda Ezkerra ha pedido el relevo de la directora gerente de la EPEL Tudela-Cultura, Amaya Pérez, y han reclamado a la concejala de Cultura, Merche Añón, que tome las medidas necesarias para reconducir la situación en la entidad pública Tudela-Cultura y que, si no está dispuesta a asumir sus responsabilidades al frente del área, deje la concejalía. «Entendemos que debe de producirse un cambio, rápido y eficaz. Las personas que están gestionando la EPEL Tudela-Cultura no lo están haciendo adecuadamente y no deberían seguir al frente de la entidad. Pedimos un cambio real que afecte al funcionamiento de la entidad y, si no lo hay, pediremos la dimisión de la concejala que es quien tiene que tomar medidas inmediatas», han apuntado las ediles de IE, Olga Risueño e Inés Munuera.
La demanda de Izquierda Ezkerra llega acompañada de denuncias de malas prácticas, censura y escaso talante democrático en estos dos años de legislatura. Han recordado la negativa a firmar por parte del alcalde de unos documentos que hubieran permitido a la Biblioteca Pública de Tudela presentarse a unas subvenciones a nivel estatal sin otra justificación que la de vetar al escritor Carlos Aurensanz o el reciente caso de la exposición «Libros Libres», titulada originalmente «Libros libres-Liburu Libreak», cuyos autores vieron cómo en Tudela su exposición era modificada una vez colocada sin consultarles. Este hecho provocó la queja formal por parte de la comisaria de la muestra en una carta suscrita por 20 de los artistas en la que se denunciaban el «malestar y la desilusión ante la actitud de la Directora Gerente de la EPEL Tudela Cultura». «El registro de la queja tenía como motivo que el resto de grupos políticos y por extensión, toda la ciudadanía, que es a la que representamos, tuviera conocimiento de esta actitud. Y no ha sido hasta el día 16, nueve días después y a petición nuestra, cuando nos la han facilitado, echando la culpa al personal del SAC de dicho retraso», ha denunciado Izquierda Ezkerra.
A este hecho, Izquierda Ezkerra suma la intolerancia hacía la cartería bilingüe que acompañaba a la exposición. «No les ha importado el sobrecoste para las arcas públicas de tener que imprimir todo de nuevo» y entienden que el rechazo al euskera es un eje de actuación del equipo de gobierno de Toquero y de Navarra Suma. «El rechazo al euskera es una decisión del equipo de gobierno. De hecho, lo primero que hicieron nada más entrar fue editar los vinilos indicativos que el Gobierno de Navarra puso para la oficina de turismo y que estaban en bilingüe para que solo apareciera en castellano y que pagamos todos los tudelanos y tudelanas», ha recordado Risueño.
También consideran que se está realizando una mala gestión de la acción cultural del ayuntamiento de Tudela donde reclaman la redacción del plan estratégico de cultura que contemplan los estatutos de la entidad «y de obligado cumplimiento», remarcan. «El Plan Estratégico no es una herramienta que la EPEL pueda, de modo voluntario, decidir si hace o no, es de obligado cumplimiento. En la pasada legislatura, dado que no tuvimos ese cargo, se continuó con el que elaboró Javier Briongos. Esto, sumado al entusiasmo y capacidad de trabajo de Javier G. Vidal, impulsó como nunca la actividad cultural en Tudela», situación que, señalan, contrasta con la que llevamos en esta legislatura «con una venta de entradas en el teatro Gaztambide muy escasa, con muy poca vocación de ser una programación referente en la comarca o dejando de lado programas como Más Moncayo o el Des-Adarve.
Situación del personal de la EPEL
Otro asunto sobre el que Izquierda Ezkerra ha querido llamar la atención es sobre el personal que trabaja en la EPEL Tudela-Cultura, que han descrito como insostenible y que ha provocado que en la actualidad tres trabajadoras de la entidad estén de baja laboral. «El pasado mes de noviembre la EPEL Tudela-Cultura fue sancionada con una infracción grave por la Inspección Provincial de Trabajo. Se impuso una multa de 1.000 euros que fue aceptada y reconocida, y por la que se pagaron 600 por pronto pago, que salen de nuestros impuestos. La multa se nos ocultó», han recordado los concejales de IE. A ello se suman otras 3 demandas interpuestas por trabajadoras en el Juzgado de lo social por modificación de las jornadas y reclamación de horas extraordinarias, «y el coste de estas demandas se está cargando a las arcas públicas con la contratación de un abogado laboralista externo», lamentan.
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