La palabra “racionalizar”, llevada al campo de la actividad política, social, laboral o comercial, significa “abaratar gastos e incrementar el rendimiento”. El diccionario de la RAE abunda en el tema y, en una de sus entradas, dice: “ahorrar, gastar menos, ajustándose a una norma racional”.
Durante las últimas campañas electorales mucho se habló de racionalizar las Administraciones Públicas, a todas luces sobredimensionadas, con competencias repetidas y con una cantidad desproporcionada de funcionarios sin funciones. Pero, una vez celebradas las elecciones, los ganadores se olvidan de la palabra en cuestión y para “ajustar” los datos económicos de una manera racional se recurre al aumento de impuestos, pero se olvidan de racionalizar estas Administraciones tan excesivas como ineficientes.
Los expertos independientes en macroeconomías no paran de decir que “el equilibrio presupuestario se debe conseguir haciendo hincapié en la reducción del gasto no productivo”. Este es un tema que siempre se inicia y al que nunca se le hinca el diente, quedando siempre pospuesto “para la siguiente legislatura”. Claro que no hay que olvidar que la mayor agencia de colocación es el Gobierno y existen demasiados “estómagos agradecidos” que reclaman el famoso “¿qué hay de lo mío?”, y a los que hay que colocar de jarrones chinos en Consejerías, Diputaciones, Asesorías, Vicepresidencias, Empresas públicas y demás inutilidades.
Desde las grandes empresas hasta las pequeñas economías domésticas, cuando hay una crisis, se ajustan procesos y se reduce el personal. En el sector público, casi nunca ocurre esto. En un reciente estudio de FUNCAS se denuncian estos fallos y se afirma que existe una deficiente distribución de personal público, y mientras hay Administraciones sobredimensionadas, faltan recursos en Sanidad, Educación o Justicia.
Las duplicidades en la Administración son pues alarmantes, sobre todo por dedicarse a labores de poca o nula utilidad y elevado gasto. Asimismo, dentro de las opacidades de las Administraciones se desconoce el número exacto de Asesores, pero se estima que pueden pasar de 25.000 y que, anualmente, generan un gasto para las arcas del Estado que supera los 1.000 millones de euros.
Pues nada, que tendremos que esperar cuatro años más para que, en tiempos de elecciones, volvamos a oír hablar de “racionalizar las Administraciones Públicas”. Y mientras las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de la renta nacional a costa de la población asalariada, los Gobernantes se afanarán en decirnos que gracias a ellos estamos saliendo de la crisis. Extraña afirmación pues lo cierto es que ellos no están saliendo de la crisis, porque nunca han entrado.
