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El grupo municipal de Izquierda-Ezkerra en el ayuntamiento de Tudela ha vuelto a defender su trabajo al frente del área de los Servicios Sociales del ayuntamiento de Tudela y ha dado a conocer el proceso que llevó a cabo en enero de 2018 después de que se detectara que un vecino de la capital ribera cobraba entre 150 y 180 euros por realizar empadronamientos masivos en un momento en el que tenía a 49 personas empadronadas en una vivienda, facilitó el empadronamiento de otras 18 en un mismo día y que esa misma persona ya tuvo con anterioridad a 90 personas empadronadas en otra vivienda.
La alerta partió de los propios servicios sociales del ayuntamiento de la capital ribera que lo pusieron en conocimiento de la jefatura de la policía municipal de Tudela, que inició una investigación sobre la situación de esa vivienda y que se informó sobre estos hechos a Extranjería de la Policía Nacional.
Con la documentación aportada, la entonces concejala de Servicios Sociales, Marisa Marqués, y la actual portavoz de IE en el ayuntamiento, Olga Risueño, han querido responder a las acusaciones vertidas contra la gestión del anterior equipo de gobierno por el actuar regidor de la capital ribera, Alejandro Toquero, que les acusó de no saber nada o de saberlo y mirar a otro lado durante una sesión plenaria. «Estos documentos demuestran que nosotros actuábamos ante esas situaciones, demuestran el proceder de la Policía Municipal, la comunicación con los servicios sociales y el trabajo conjunto con la Policía Nacional», han defendido las ediles de Izquierda Ezkerra.
Para las concejales con el paso de los días se va demostrando «el cúmulo de falsedades que Navarra Suma ha trasladado a la opinión pública». En este sentido han recordado que tras relacionar la trama de empadronamientos masivos con el cobro de ayudas «a día de hoy no somos conocedores del cobro de una sola ayuda por parte de esas personas empadronadas indebidamente, Toquero no ha querido cotejarlo o, si lo ha hecho, no ha obtenido los datos que avalen sus irresponsables aseveraciones», ha asegurado.
Marisa Marqués ha recordado que las solicitudes de Renta Garantizada no han variado en los últimos años a pesar de los hechos denunciados por Toquero, y ha recordado que la inspección sobre el cobro de renta garantizada ha sido mayor y más efectiva en la legislatura 2015-2019 que en las anteriores, con 172 casos frente a los 43 del último gobierno regionalista.
Por último, las concejales del grupo municipal de I-E han acusado al alcalde tudelano de «exceso de ambición personal y protagonismo que le lleva a verter falsas acusaciones contra sus rivales políticos» y han exigido una disculpa pública del alcalde «por mentir a la ciudadanía, cuestionar la labor del anterior equipo de gobierno, el trabajo de los técnicos del ayuntamiento y poner en riesgo una operación policial».
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