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El candidato de Navarra Suma (NA+) en Tudela, Alejandro Toquero, ha mantenido una reunión con una representación de los padres de los 26 niños y niñas que habían elegido para sus hijos como primera opción el colegio San Francisco Javier (Jesuitas) para realizar sus estudios de educación secundaria y que, tras el periodo de preinscripción, se han quedado fuera.
Toquero denuncia que “una vez más, el Departamento de Educación del Gobierno cuatripartito pretende saltarse el artículo 27 de la Constitución Española, que recoge el derecho a la libre elección de los padres del centro en el que quieren escolarizar a sus hijos. Es inaceptable que el Departamento de Educación niegue su derecho a estas familias”.
“La mala planificación y la desastrosa gestión a la que ya nos tiene acostumbrados este Departamento han sido la causantes de esta situación, que deja desamparadas a 26 familias riberas que ahora tendrán que enfrentarse a la incertidumbre de dónde estudiarán sus hijos el próximo curso”, asegura el candidato a la alcaldía de Tudela.
Para Navarra Suma, “esta decisión resulta incompresible por su sectarismo ya que, sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo se han abierto nuevas líneas del Modelo D (enseñanza en euskera) con sólo 5 alumnos, a los que se les ha pagado el transporte escolar y el comedor, demostrando una vez más el carácter discriminatorio y la utilización política que está haciendo el actual Gobierno de Navarra del sistema educativo”.
Por ello, ha pedido al alcalde, Eneko Larrarte, que “se implique y ayude a estas familias, en lugar de ponerse de perfil y pasar la ‘patata caliente’ a otros, como ya hizo cuando le pidieron ayuda y apoyo los padres de 13 niños tudelanos que se quedaron sin plaza en un centro concertado de educación primaria de la capital ribera y tuvieron que recurrir al Defensor del Pueblo para que garantizara su derecho constitucional”.
Desde Navarra Suma han denunciado esta situación y han apoyado el “legítimo derecho de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas”. Así, han instado al Departamento de Educación a atender la petición de estas familias, “que están sufriendo una situación injusta por el simple hecho de ejercer los derechos que como ciudadanos les corresponden en una sociedad democrática”.
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