¿Es admisible que asociaciones pro-nazis exalten los crímenes cometidos en los campos exterminio? ¿La humillación pública de las víctimas de Hitler contribuye a la formación de la opinión pública en una sociedad democrática? En el grupo socialista pensamos rotundamente que no, y por ello, hemos presentado una proposición de ley que regula la posibilidad de disolver judicialmente las asociaciones que realicen apología del franquismo. En concreto, hemos presentado una modificación de la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación por la que los jueces podrán disolver aquellas asociaciones que practiquen la apología del franquismo que cause la humillación a las víctimas de la guerra civil o la dictadura.
La derecha (UPN, PP) y la extrema derecha (VOX) han anunciado que, al igual que hicieron con la ley de memoria democrática, no apoyarán esta proposición de ley. Para evitar que los jueces puedan disolver las asociaciones que hagan apología del franquismo, la derecha acude a argumentos extremadamente cínicos y, sobre todo peligrosos, en tanto que dan oxigeno político a los enemigos de la democracia. Me centraré en sus dos argumentos principales:
Primero. La derecha dice que poder ilegalizar a las asociaciones que hagan apología del franquismo supone mirar al pasado, no al futuro. Pero la realidad es la contraria, esta norma pretende que en el futuro no se vuelvan a cometer las involuciones democráticas del pasado. Si algo aprendimos de la historia es que las democracias son vulnerables y pueden ser derrocadas y que, por tanto, deben establecer mecanismos de defensa frente a sus enemigos. Debemos tomar conciencia de la gravedad del momento por el que estamos pasando. La extrema derecha organizada en una suerte de internacional reaccionaria supone un peligro real e inminente para las democracias y los derechos humanos en cada uno de los países donde gobierna, como está ocurriendo con Trump en EE.UU. El modelo para imitar y a exportar es claro: la Hungría de Orban. En este sentido, no es casual que uno de los puntos comunes de la extrema derecha global es el revisionismo y rehabilitación de las dictaduras en España, Italia, Alemania, Argentina, etc. De hecho, no se esconden. Así, por ejemplo, un diputado de VOX afirmó que el franquismo fue “una etapa de reconstrucción, de progreso y reconciliación para lograr la unidad nacional”, además defendió las redes sociales como “difusoras de la verdad”. La consecuencia de esta estrategia y su difusión en redes sociales, que tienen un sesgo ideológico, de género y de edad, es que cada vez más hombres jóvenes se manifiestan favorables a sistemas de gobierno autoritarios.
Segundo. Resulta sumamente cínico que UPN no apoye ni la ley de memoria democrática ni la disolución de las asociaciones profranquistas porque no contemplan a las víctimas del terrorismo de ETA. Se trata de una coartada falsa porque precisamente, dada la importancia que tiene para nuestra democracia, las víctimas de ETA tienen leyes de reconocimiento específicas y, por supuesto, el Código Penal contiene normas que castigan la justificación del terrorismo y la humillación de sus víctimas. Por tanto, se trata de cuestiones distintas que merecen regulaciones específicas.
Por mucho que lo quieran esconder, la realidad es clara, UPN y PP están protegiendo a VOX porque llegan a acuerdos políticos de manera permanente y, si obtienen los votos suficientes, prevén formar gobiernos de coalición. El problema es sumamente grave, pues la extrema derecha española no sólo justifica y blanquea el franquismo, sino que, además, tiene como aliados, referentes ideológicos y estratégicos a Trump y Putin, que quieren acabar con la democracia en Europa y, en este momento, suponen una amenaza real e inminente. No olvidemos que la derecha tradicional, tanto en Alemania como en Italia, posibilitó el ascenso de los fascismos al poder y, por tanto, no repitamos los errores del pasado.
Desde una perspectiva filosófica, tras el ascenso del fascismo en Europa, Popper sostuvo que una sociedad verdaderamente tolerante debe conservar el derecho a negar la tolerancia a quienes promueven la intolerancia. Desde la perspectiva de las democracias constitucionales, cabe castigar la apología de la violencia y la humillación de sus víctimas como forma de defensa de la propia democracia.
Toni Magdaleno Alegría
Senador por Navarra. Portavoz socialista en la Comisión Constitucional
