En los últimos días, Tudela ha sido escenario de una polémica, que, si no se explica con claridad, puede generar confusión, enfado e incluso indignación. Hablamos del debate en torno al centro desplazado de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la capital ribera.
Pongámonos en antecedentes. Desde el año 1970, Tudela dispone de un espacio cedido y acondicionado por el Ayuntamiento para la DGT, en el que se realizan los exámenes teóricos y prácticos de conducir. Un modelo, que ha permitido a vecinos y vecinas de la Ribera examinarse sin desplazarse a Pamplona. Hasta aquí, todo claro.
¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ha cambiado? El artículo 52 del Reglamento General de Conductores recoge que, con carácter general, las pruebas de control de conocimientos se realizarán por procedimientos informáticos. Esto incluye la incorporación de vídeos que hacen imprescindible contar con pantallas y equipos adecuados. Pamplona, como centro oficial de la Dirección General de Tráfico para toda Navarra, lo hace desde hace 10 años.
¿Pero qué ocurre en los centros desplazados? En los centros desplazados, como el de Tudela, la DGT sigue apostando por garantizar la cercanía, pero requiere que los municipios acondicionen las aulas. Esto forma parte de un convenio tipo que establece que los ayuntamientos asumirán los costes de digitalización. En contrapartida, la DGT cubre los gastos de los examinadores y su traslado, lo que supone 50.000 euros anuales. Es decir, a la Dirección General de Tráfico no le sale gratis, ambas partes asumen responsabilidades claras.
En ese convenio se establece claramente que la adecuación del aula, con todo lo que conlleva, corresponde al ayuntamiento firmante. La DGT no habla de cifras ni tampoco se pronuncia sobre los medios que cada municipio pueda emplear para financiar esos gastos. Vías que, sin duda, es necesario explorar y que pueden ir desde las aportaciones de otros municipios que se benefician del centro desplazado o cualquiera otra alternativa que se estime oportuna. Eso, en todo caso, corresponde evaluarlo al ayuntamiento en cuestión.
Así lo han entendido y lo están entendiendo otras localidades de toda España que han firmado o están en vías de firmar dicho convenio. Municipios como Laredo, Medina del Campo, Arenas de San Pedro, Albox y Luarca ya han firmado este convenio. Calatayud y Tomelloso, por su parte, han informatizado sus aulas con un coste aproximado de 20.000€ y están realizando los exámenes con excelentes resultados. Estos ejemplos reflejan que la inversión no es inasumible y que muchos de estos municipios, incluso gobernados por el Partido Popular, han entendido la importancia de ofrecer este servicio a su ciudadanía.
Todos ellos comparten el sentido de los centros desplazados. Y han comprendido la ventaja que supone para sus vecinos y vecinas poder examinarse en su propia localidad. Pero también han asumido que contar con este tipo de centros conlleva obligaciones para los dos partes. La DGT no tiene ninguna duda. La pregunta ahora es si el Ayuntamiento de Tudela está dispuesto a cumplir con las suyas.
En este contexto, el Ayuntamiento de Tudela ha desviado el foco del problema planteando la apertura de una oficina local de tráfico. Sin embargo, esta no es la necesidad inmediata. Otra vez intenta confundir a la ciudadanía. La creación de una oficina local requiere un largo proceso administrativo: búsqueda de local, acondicionamiento, dotación de personal, entre otros. Este procedimiento ni es rápido ni es sencillo y desde luego no solucionará el problema actual, que es la urgente digitalización del aula para garantizar que los exámenes puedan seguir realizándose en Tudela.
La ciudadanía necesita soluciones concretas y a corto plazo. El Ayuntamiento conoce esta situación desde noviembre de 2023, pero hasta ahora no ha presentado una propuesta viable para adaptarse a las exigencias actuales. Mientras tanto, el riesgo es claro: si no se digitalizan las aulas, las personas de Tudela y la Ribera tendrán que desplazarse a Pamplona para realizar sus exámenes teóricos. Y todo porque al alcalde de Tudela antepone su confrontación directa con el Gobierno de España y Navarra al beneficio de la ciudadanía.
Desde la Delegación del Gobierno y el Partido Socialista hemos trabajado desde el primer momento para buscar soluciones. Hemos planteado alternativas, como estudiar la reubicación del aula de los exámenes teóricos por otra más idónea, financiar la digitalización mediante aportaciones de otros municipios beneficiarios del centro desplazado, o a través de la Mancomunidad de la Ribera, siguiendo un principio de solidaridad. Eso sí, Tudela, como cabeza de comarca, debe liderar este esfuerzo y demostrar su compromiso con hechos.
Municipios de toda España ya lo están haciendo. Están modernizando sus aulas para seguir ofreciendo servicios necesarios a la ciudadanía. Tudela no puede quedarse atrás. La ciudadanía exige diálogo, entendimiento y soluciones efectivas, no confrontaciones estériles ni demoras innecesarias.
Como ciudad tractora de la Ribera, Tudela tiene la responsabilidad de ser parte de la solución. Digitalizar las aulas es un paso imprescindible para garantizar un servicio público de calidad y evitar que nuestros vecinos y vecinas tengan que desplazarse fuera de la comarca. Es el momento de actuar con visión y compromiso, demostrando que realmente apostamos por hacer Ribera con hechos, no solo con palabras.
Olga Chueca
Portavoz PSN-PSOE en Tudela
