La reforma legal que pretende Pedro Sánchez para suprimir la figura de la acusación popular, parece “hecha a la carta” teniendo en cuenta “unos casos concretos”. Me refiero a las investigaciones que se siguen en los juzgados, contra su mujer y su hermano, ya que ambas, han sido impulsadas por acusaciones populares. La tramitación del texto modifica la ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Penal y la de Enjuiciamiento Criminal. Se quiere tramitar por una proposición de Ley, para así, ahorrarse los informes y consultas que hubieran sido preceptivas de haberse planteado por el Gobierno como un proyecto de ley, eludiendo los informes del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del CGPJ. Prohíbe a los jueces, admitir querellas basadas en recortes de prensa y asociaciones populares, aunque recojan indicios suficientes. Del mismo modo, se podrá recusar a los jueces que hagan declaraciones de contenido político, limitando su libertad de expresión. Para un acreditado ex Fiscal General del Estado, en manifestaciones a un medio de comunicación, el Gobierno amparándose en las filtraciones de los sumarios, prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos, jueces, fiscales y sus respectivas asociaciones. Se pretende suprimir el Derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular (Art. 125), Derecho, que se remonta al año 1882 promulgado en las Cortes de Cádiz. De ser aprobada supondría la desnaturalización de una garantía institucional recogida por la Constitución (STC 32/1981). Es evidente, que es una reforma a la carta y advierte sobre la legalidad de la disposición transitoria única y qué se aplicaría a los procedimientos en curso, con efecto retroactivo. Al respecto, recuerda que el Código Civil de 1889 determina que las leyes “solo” se derogan por otras posteriores. Esta ley, tendría que derogar la anterior, qué sí establece la aplicación de la norma. El ex fiscal general, opina qué sería inaplicable y qué acabaría en el Tribunal Constitucional, como la de Amnistía y posiblemente acabe, como esta, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De todas las ocupaciones de las instituciones del Estado que ha llevado a cabo el sanchismo, la de la fiscalía es la más preocupante y más si la sospecha se extiende al Tribunal Constitucional. Esta proposición de Ley, que se pretende aprobar, dejaría terrenos de impunidad y se perseguiría menos la corrupción, va en contra de los principios del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) en materia de lucha contra la corrupción. Los delitos contra la corrupción que más importan a los ciudadanos, son los qué se refieren a bienes jurídicos colectivos, malversación y prevaricación. Es decir, el titular es la colectividad, todos y cada uno de los ciudadanos y son estos los que se ven afectados y perjudicados por la corrupción, por el tráfico de influencias, por las negociaciones prohibidas a los funcionarios, etc… Es un intento de limitar la participación popular en la Justicia, argumentando que en otros países de la UE no existe tal Derecho, lo qué no dicen es qué la Fiscalía es totalmente independiente y no es nombrada por el Gobierno. Ya qué estamos con la Fiscalía, la asociación de fiscales recurrió el nombramiento del Fiscal General del Estado porque su designación no era conforme a Derecho y era inidóneo para el cargo, algo qué el Tribunal Supremo tendrá que resolver. Además, dicho TS tendrá que dirimir si lo procesa por revelación de secretos oficiales. Da la impresión, de que no se respeta la separación de poderes, porque se tramitan proyectos y proposiciones de ley sometidas al Congreso, de forma velada, incluso vulnerando la Constitución y obviando que la ley debe de estar por encima de la oportunidad, los intereses y las prisas de quién gobierna, para modificarla interesadamente. Derogar el delito de sedición; rebajar el de malversación; reformar, vía enmienda, la ley del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; la de Amnistía; porque la politización de los organismos estatales redunda en su descredito. Lo dicho ¿Progresismo o interés personal?
RICARDO LÓPEZ PÉREZ
EX VICEPRESIDENTE JUNTA DE AGUAS DE TUDELA
